"Quien dice una cosa en un sitio y hace la contraria en otro, no parece de fiar", lo afirma el Presidente Barreda y lo suscribe la inmensa mayoría de la ciudadanía castellano-manchega. La Sra. Cospedal, y todos los diputados del PP en las Cortes toledanas, votaron unánimemente en 2008, junto al PSOE, que la reforma del Estatuto incluyera el fin del trasvase en 2015. Pronto, inmediatamente después de ser elegida Secretaria General de los populares, rompió el compromiso adquirido con los ciudadanos de esta región. Para ella, entonces, pasamos a ser un molesto asunto secundario que le robaba unas horas a la semana. La prioridad era, y continúa siendo, el mantenimiento de los votos valencianos y murcianos.
Casi dos años después -y a pesar de que durante este largo intervalo en el PSOE se ha trabajado en la búsqueda de un punto de encuentro, concretado en la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos-, el Partido Popular ha llegado al Congreso de los Diputados dispuesto a escenificar el último acto de la traición a los intereses de Castilla-La Mancha, votando en contra del futuro de la región. ¿Quién va a creerla a partir de ahora? En Castilla-La Mancha, nadie.
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